Como siempre ocurre la paritaria de la sanidad es de las últimas de los gremios importantes. Mientras que la mayoría cierra sus salarios entre marzo y abril, los trabajadores de la salud deben esperar hasta el invierno.
Por Dr. Daniel Cassola
En el año que corre la particularidad es que en mayo se produjo un total descalabro económico por la corrida contra el peso que recién por estos días parecería estar terminando. Para peor, se avizoran meses de más descenso de la actividad, de más recesión. Desde el gobierno nacional decidieron utilizar la metáfora de la “tormenta” para describir el escenario del corto plazo.
Con metas de inflación anuales que se cumplieron en menos de seis meses, una fortísima devaluación y una inflación que se aceleró es lógico que el gremio de la sanidad (ATSA) llegue a la mesa de paritarias con un reclamo salarial del 30 por ciento. Lo que no es lógico es que se firmen acuerdos que no se pueden pagar.
En los últimos días los hospitales de comunidad (Británico, Italiano, Alemán, entre otros) y las empresas de diagnóstico médico que nuclea CADIME firmaron acuerdos salariales que rondan, en distintas etapas, el 30 por ciento de aumento solicitado por el gremio que conduce Héctor Daer. En mayo los laboratorios habían cerrado un acuerdo del 20 por ciento con cláusula gatillo. Todos estos sectores, a diferencia de las clínicas, pueden trasladar los costos a precios.
Es seguro, entonces, que trasladen estos nuevos costos a sus precios. A nadie debería sorprenderle que los estudios que practican las instituciones de diagnóstico vean aumentados sus precios, de la misma manera que lo harán las cuotas que cobran los planes de salud que administran los hospitales de comunidad.
Es muy distinta la situación de alguien que puede formar el precio de lo que produce de la de alguien que no puede hacerlo. En el segundo grupo se encuentran las clínicas. Esto puede parecer un trabalenguas pero no lo es: las clínicas a las que nos referimos no son todas las clínicas sino las que trabajan en la atención de las obras sociales provinciales, nacionales y sindicales.
Las clínicas de los trabajadores
El sistema de salud en Argentina está distribuido, a grandes rasgos, en tres subsectores. El público, el prepago y el de la seguridad social. De los 40 millones de argentinos que midió el último censo poblacional (2010) 5 se atienden en prepagos, 15 en el hospital público y 20 en el sistema de la seguridad social. Puede haber alguna fluctuación de año a año pero la proporción, la foto, ronda siempre alrededor de estos números.
La seguridad social es entonces el subsector en el que se atiende el 50 por ciento de la población. ¿Quiénes son? Los trabajadores activos y pasivos y sus familias. Dentro de este gran grupo están quienes se atienden por las obras sociales sindicales y quienes lo hacen por las provinciales o nacionales.
Dentro de las obras sociales sindicales hay gente muy responsable que trabaja muy seriamente y otras que no tanto. Cada afiliado sabe de qué manera lo atiende su obra social. Hay muchas que tienen efectores de salud propios (sanatorios y clínicas) y otras que no.
Aquí es donde hay que explicar la situación de las clínicas dentro del sistema de salud. Las obras sociales provinciales, como el IOMA en Buenos Aires, o las nacionales, como el PAMI cuentan con apenas un puñado de establecimientos propios por lo que deben recurrir a las clínicas para la atención de sus afiliados.
Todo en el sistema de salud está tabulado. Cada prestación que brinda una clínica tiene un costo fijo de antemano, ya sea una visita al consultorio, una radiografía, una internación o una cirugía de alta complejidad. O sea, los ingresos de las clínicas son fijos, no se rigen por la oferta y la demanda ni por ningún otro factor sino por un precio que fijan de antemano las obras sociales.
Costos
En cambio, y aquí reside gran parte del problema, los costos, como los salarios o ahora las tarifas de los servicios públicos son variables. Las clínicas, como empresas, no pueden ser sustentables porque tienen ingresos fijos y costos variables.
Ahora bien, el valor social que tienen es incalculable. Atienden a la salud de los trabajadores y sus familias, tarea que no podría realizar ni el hospital público, porque colapsaría aún más, ni los prepagos por la escala de precios que manejan. Además son una fuente de trabajo para gran número de familias ya que entre el 60 y el 65 por ciento de los costos de un sanatorio está dado por los sueldos. Es lo que se llama una industria de “mano de obra intensiva”.
El resto de los costos también se ha disparado. Todos sabemos lo que han aumentado los servicios públicos. Si para un hogar pasar de pagar 100 pesos de luz a una boleta de 1000 o más significa un ajuste importante, hay que considerar que en las empresas esos saltos son aún más abruptos porque de pagar 1000 se pasó a pagar 10 mil.
No hace falta decir que en una clínica no se le puede decir a los internados que se abriguen porque no se puede usar la calefacción o que se desvistan porque es demasiado oneroso utilizar los equipos de aire acondicionado.
Los servicios no son lo único que se ha disparado. Los servicios de residuos patológicos, entre 2016 y 2018 han sufrido un incremento del 135 por ciento, por encima del valor del dólar. Los medicamentos, entre abril y junio, han dado un salto del 20 por ciento, que las clínicas deben financiar porque luego las obras sociales los pagan a 90 o 120 días, con viento a favor.
Una antigua frase de los años 70 decía que en Argentina los precios van por ascensor y los salarios por la escalera. En el caso de las clínicas los costos van por ascensor mientras que los ingresos son los que, trabajosamente, encaran la escalera. En este año, con una inflación proyectada del 30 por ciento, más el arrastre de la última parte del año pasado, más una devaluación de más del 40 por ciento, es un milagro si alguna obra social ofrece aumentar lo que paga por los prestaciones por encima del 20 por ciento.
El IOMA recompuso, si se permite la metáfora, sus tarifas en un 7 por ciento. En otras provincias, como es el caso del IPROSS en Río Negro, la generosidad trepó al 15 por ciento, el doble de la provincia de Buenos Aires pero la mitad de la inflación proyectada. El PAMI anuncia un aumento, en dos etapas, que apenas superaría el 20 por ciento. Como se ve los salarios, las tarifas y los gastos van por ascensor y los ingresos por una escalera de soga.
¿Y el Estado?
En algún momento, quizás al calor de la contienda electoral, la coalición gobernante sostuvo que parte de su programa era aliviar la feroz presión impositiva que padecen tanto el sector privado como los trabajadores. A esas palabras parece habérselas llevado el viento.
Hoy las clínicas deben afrontar las mismas cargas impositivas que siempre. Y las moras se castigan con una severidad que deberían ser la envidia del sistema penal. Tomemos el ejemplo de las cargas sociales. Ante la menor demora en el pago la AFIP dispone el embargo de las cuentas del sanatorio en cuestión.
Entonces la empresa entra en un escenario digno de una novela de Kafka. Si quiere pagar tanto las cargas que debe como las del nuevo mes no puede porque tiene las cuentas embargadas. Para levantar el embargo debe embarcarse en una serie de gastos para cubrir punitorios, sanciones administrativas, honorarios de abogados e intereses que el Estado cobra por la mora. Encima puede darse el caso que, por el embargo, no pueda pagar los sueldos y entonces los trabajadores decidan parar por lo que se corta la fuente de ingresos que la empresa necesita para pagar todo lo que tiene que pagar. Un espiral de locura que solo se explica por la voracidad fiscal. Las clínicas, como explicamos, suelen financiar a las obras sociales pero del otro lado nunca hay la más mínima tolerancia.
En algunos casos, como el de los emprendimientos agropecuarios, ante una eventual inundación o sequía se dispone de un plan de ayuda fiscal. Es común que la nación, la provincia o los municipios dejen de cobrar impuestos a las zonas afectadas. Tomando en cuenta la función social de las clínicas, donde se atiende la mitad de la población argentina, ¿no se debería pensar en un plan que desde la AFIP contemple la “tormenta” que el mismo gobierno dice que estamos atravesando?
La solución es que no hay solución
Ante este panorama la solución termina siendo el camino hacia la ilegalidad. Si los números no cierran las clínicas no tienen la posibilidad de vender golosinas en el hall de entrada para aumentar sus ingresos. La combinación de ingresos fijos, costos variables y una presión impositiva inmanejable lleva a que se intente la contratación en negro y el pago en efectivo.
De esta manera se ve afectada la calidad de la atención que reciben los afiliados a las obras sociales. No se puede hacer magia con los números, es algo que desde el Estado se viene repitiendo pero parece no entenderse cuando uno está del otro lado del mostrador.
Con el valor que se abonan hoy las prestaciones, y con el que parece que se van a abonar en el futuro, la paritaria del 30 por ciento resulta impagable para las clínicas que trabajan con la seguridad social. El camino actual conduce al conflicto, no hay otra salida posible.
Una definición posible de crisis o estado crítico proviene de la medicina. Se puede considerar que un enfermo llega a un estado crítico cuando solo tiene dos opciones: o la muerte o la sanación. La situación presente es insostenible y las clínicas son el enfermo de la definición anterior. Es hora que los responsables de la salud lo entiendan.
